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Imputadas tres personas por la destrucción de una abadía medieval en Perafort

Declarado Bé Cultural de Interés Nacional, fue derribado durante la explanación de un campo. Los acusados son el dueño del terreno, el operario de la máquina y su jefe

ÀNGEL JUANPERE

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Así quedó la antigua abadía después del paso de las máquinas. FOTO: DT

Así quedó la antigua abadía después del paso de las máquinas. FOTO: DT

Los Mossos d’Esquadra han tomado ya declaración a dos personas en calidad de investigadas –una tercera está en paradero desconocido– por la destrucción de una construcción medieval en el término municipal de Perafort. Se trata de la antigua abadía del Codony, que data del siglo XIV y que sería el origen del municipio. El atestado de la Policía catalana ya obra en manos del fiscal coordinador en materia de urbanismo.

El atestado recuerda que el 1 de febrero se realizó una inspección por parte de los servicios técnicos municipales a una finca de Mas Blanquet porque se había destruido la antigua abadía. Se comprobó que unas obras sin licencia y realizadas con máquinas habían arrancado árboles y destruido una antigua construcción de valor histórico, catalogada como Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).

Inicialmente, la Unitat Central de Patrimoni Històric –con sede en Sabadell– solicitó una inspección ocular de la zona a la Policia Científica de la Unitat d’Investigació del Tarragonès. Se verificó que se habían destruido las antiguas ruinas, catalogadas dentro del inventario arquitectónico de Catalunya, unos destrozos que posiblemente se llevaron a cabo durante el mes de enero, cuando también se arrasó un campo de olivos que rodeaba dicho monumento. Los restos del monumento se vertieron en el cauce del río Francolí, que está al lado.

La finca se había vendido en setiembre del año pasado a una empresa con sede en Murcia aunque su propietario es de nacionalidad francesa.

Identificaciones

Agentes de la Unitat Central de Patrimoni Històric se desplazaron a la zona y localizaron las máquinas que se habían utilizado para la destrucción del monumento y que todavía estaban en la finca. Identificaron al operario que llevaba la que había causado los destrozos en el edificio protegido. También consiguieron información del responsable de la finca, que era la persona que había dado la orden de derribo.

Los agentes citaron a tres personas como investigadas para que acudieran a declarar en la comisaría: el operario de la máquina que derribó el monumento, su jefe y finalmente el dueño de la finca. Este último reconoció el derribo y manifestó que desconocía que se precisase licencia municipal para los trabajos de aplanamiento del terreno. En cambio, en su día sí había solicitado permiso al Ayuntamiento para realizar quemas de restos agrícolas. El hombre se comprometió a la reconstrucción de la abadía.

Por su parte, el operario que llevaba la máquina –un hombre de 50 años y vecino de Lleida– no se presentó a declarar. Se encuentra desaparecido ya que tampoco volvió a trabajar a la finca. Y finalmente su jefe directo –un vecino de Reus de 71 años– se acogió a su derecho a no declarar.

El Departament de Cultura de la Generalitat ha valorado los daños en más de 40.000 euros. Los técnicos estarían estudiando la viabilidad de la reconstrucción del edificio.

Paralelamente, los Mossos d’Esquadra investigan si hubo una infracción administrativa en la destrucción de un olivar al lado del cauce del río.

La descripción

El Departament de Cultura describe el edificio como una «pequeña construcción, medio derruida, popularmente llamada abadía y que seguramente que es el único testigo de la iglesia, la abadía y el foso primitivos, y del antiguo pueblo del Codony. La iglesia se inició en 1303 bajo la dirección del cantero de la Selva de Camp Joan Andreu. Estuvo en funcionamiento hasta el año 1726. Parece ser que las condiciones sanitarias del primitivo emplazamiento eran deficientes, lo que quizá provocó el traslado progresivo, desde el siglo XV, los habitantes hacia el sector sur del actual pueblo de Perafort».

Como la construcción estaba catalogada como BCIN y que las obras eran «manifiestamente ilegalizables», recuerda el alcalde Joan Martí Pla, se instó a la suspensión de los trabajos mediante una resolución de Alcaldía firmada al día siguiente. También se procedió a precintar la zona donde se ubicaba la abadía así como los materiales resultantes del derribo. Se recordaba que los trabajos no tenían licencia y que, por ello, no se podían efectuar. Pero, según el alcalde, continuaron.

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